De aplicar una congelación salarial quizás tendría que afectar al conjunto del sector público y de llevarse a cabo esta reforma tendría que incluir nuevos instrumentos de promoción profesional y de provisión de puestos de trabajo que favorecieran la movilidad entre administraciones públicas, aspecto al que podría contribuir favorablemente que en todas las administraciones se hiciera efectiva la ‘tasa de reposición cero’. Lo ideal sería por tanto fijar la congelación no solo en la AGE sino también en la Administración autonómica, local y administración paralela como medida de previsión fijando al mismo tiempo una serie de criterios generales que permitieran hacer efectiva esta norma. La SEAP podría asumir competencias respecto al desarrollo de determinados concursos de provisión específicos, acceso a la función pública y control del gasto en personal de cada una de las Administraciones.
Lo importante en cualquier caso es comenzar a hacer las reformas y sin ambages. Desarrollar medidas efectivas y que tengan una repercusión social lo más favorable posible en aquellos aspectos que son ya un clamor social, comenzando por ejemplo con la reforma del mercado de trabajo. Y avanzar en estas circunstancias en el desarrollo de una ley de estabilidad presupuestaria que redefina los actuales marcos de control de TODAS las administraciones públicas. Necesitamos un nuevo sistema de financiación autonómica y local, necesitamos una reforma profunda del mercado de trabajo que sea analizada en toda su amplitud, percibiendo las oportunidades que ofrecen la modificación de determinados elementos que distorsionan el acceso al mercado de trabajo de los españoles y necesitamos una reforma del sistema financiero derivada de una nueva situación que pueda ir poco a poco mejorando las condiciones de financiación de nuestra economía dentro de los mercados.
Sería importante desarrollar medidas que permitieran asumir determinadas competencias en materia de retribuciones de la función pública para que esta diferencia no se hiciera tan evidente y , lo que es aún más importante, para que las cargas, si se trata de una medida ‘excepcional’ que se supone que lo es, se repartieran, cuanto menos, equitativamente.
